Se han cumplido hace unos días el XXX Aniversario de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, con la que se revisó el tratamiento legal del sector, para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los antiguos Vigilantes Jurados de Seguridad. Evidentemente esta regulación era necesaria, pero no se hizo de un modo correcto.
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